[ SERVICIO ESPECIALIZADO — BARCELONA ]
Detective privado para bajas fingidas en Barcelona — prueba laboral para RRHH, mutuas y despacho
Detective privado para bajas IT fingidas en Barcelona. Documentación para RRHH, mutua colaboradora y despido disciplinario con validez ante Juzgado de lo Social. TIP 3411 · trabajo coordinado con despachos laboralistas.
Las bajas por incapacidad temporal fingidas tienen un impacto directo sobre la cuenta de resultados de cualquier empresa: cobertura del puesto, sobrecarga de los compañeros, pago delegado por la empresa durante los primeros días y, en muchos casos, un patrón que se repite en el mismo trabajador varias veces al año. Cuando RRHH, el abogado laboralista o la mutua colaboradora sospechan que la IT que tramita un empleado no se corresponde con una incapacidad real, la vía legal para acreditarlo pasa por una investigación de detective privado. Nuestra oficina en Barcelona trabaja habitualmente este tipo de encargo con despachos laboralistas del Eixample, Diagonal y 22@, y con departamentos de RRHH de empresas de logística, retail y servicios.
El marco legal se mueve en varios planos. En el plano laboral, el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores tipifica la transgresión de la buena fe contractual como causa de despido disciplinario procedente, y una IT simulada o compatibilizada con actividad incompatible encaja de lleno. En el plano administrativo-sanitario, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (regulados por el Real Decreto 625/2014) pueden emitir propuestas de alta cuando acreditan que el trabajador realiza actividades incompatibles con la patología declarada. La jurisprudencia del Tribunal Supremo —entre otras STS 15 de marzo de 2016— admite reiteradamente los informes de detective privado como prueba en el procedimiento de despido disciplinario, siempre que se obtengan en vía pública y bajo la cobertura de la Ley 5/2014. Mi TIP 3411 y el RNSP 11359 de la agencia son verificables en el Ministerio del Interior.
La operativa habitual arranca con un briefing cerrado con la empresa o el despacho: diagnóstico declarado por el trabajador, actividades supuestamente limitadas, dirección registrada, historial de bajas y pistas que ya haya recabado RRHH. Con esa base diseñamos un dispositivo selectivo, generalmente de uno o dos detectives, con vigilancia en el domicilio y seguimiento a los puntos donde el trabajador aparece en jornada laboral — segundo empleo encubierto, actividades físicas incompatibles con la IT, trabajos manuales en obra, reparto, hostelería, o gestión de un negocio propio. En Barcelona la mayoría de los casos los resolvemos en dos o tres sesiones concentradas en días laborables entre semana, momento en el que la contradicción entre lo declarado y lo observado se evidencia con más fuerza.
El material que entregamos está dimensionado para su presentación en el Juzgado de lo Social: vídeo continuo del trabajador realizando la actividad incompatible, fotografía con sello temporal, cronología con horas de inicio y fin, identificación del lugar y, cuando el caso lo exige, confirmación con terceros no interesados (compañeros, clientes, caseros). El informe pericial se redacta con lenguaje jurídico, se referencia a los partes de baja y propuestas de alta aportados por la empresa, y se cierra con la ratificación personal en vista oral si se impugna. También preparamos resumen ejecutivo específico para la propuesta de alta de la mutua, cuando el caso se traslada por esa vía antes del despido.
Las tarifas para encargos empresariales en Barcelona arrancan en 60 €/hora más IVA cuando hay volumen (empresa con varios casos al año o retainer con un despacho laboralista) y en 70 €/hora para encargos puntuales. El mínimo recomendado para que un dispositivo tenga sentido es de 10 horas repartidas en dos o tres jornadas, lo que permite acreditar un patrón repetido y no una coincidencia aislada — un juzgado difícilmente aceptará un despido disciplinario basado en una única observación. Primera consulta gratuita por teléfono, WhatsApp o en nuestra oficina de Badalona, con presupuesto cerrado antes de firmar el encargo.
[ PROTOCOLO DE DUDAS ]
Preguntas frecuentes
El informe del detective es la pieza probatoria central del despido disciplinario por simulación de IT, pero no es la única. La empresa debe integrarlo en la carta de despido junto a los partes médicos, los antecedentes del trabajador y, cuando existan, otras evidencias documentales. La carta debe cumplir el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, dar al trabajador la posibilidad de defensa y respetar los plazos (prescripción de 60 días desde que la empresa tiene conocimiento de los hechos). Lo habitual es que el despacho laboralista redacte la carta integrando literalmente los hechos acreditados en nuestro informe y luego lo aporte en la vista como prueba pericial.
Sí, es práctica consolidada. Las mutuas con las que colaboramos habitualmente en Catalunya reciben el informe como anexo a la solicitud de propuesta de alta por incomparecencia o por acreditación de actividades incompatibles. La mutua lo valora junto a sus propios informes médicos y, si el material es sólido, emite propuesta de alta al INSS para que resuelva. En algunos casos, la propuesta de alta llega antes de que la empresa inicie el despido disciplinario, lo que permite ahorrar el procedimiento y el riesgo asociado.
Es la frontera más delicada y por eso cada caso se analiza con el médico de la mutua o con el perito designado. Una lumbalgia aguda no impide pasear por el barrio, pero sí levantar sacos de cemento en una obra. Una tendinitis crónica puede ser compatible con tareas administrativas pero no con un segundo empleo en montaje de muebles. Lo que documentamos es la actividad concreta: carga de peso, posturas forzadas, horas continuadas de pie, movimientos específicos. Es el médico quien dictamina después si esa actividad es o no incompatible con la patología que motivó la baja. Si no lo es con claridad, se lo decimos a la empresa antes de que se precipite con el despido.
En trabajadores con patrón claro de pluriempleo o actividad incompatible, dos jornadas de vigilancia de 5-6 horas (10-12 horas totales) suelen bastar para obtener material concluyente. En casos donde el trabajador es cuidadoso — se mueve en coche con cristales tintados, trabaja en interior sin salir a la calle, cambia de horarios — pueden necesitarse tres o cuatro dispositivos a lo largo de dos o tres semanas. El coste total de un encargo tipo se mueve en el rango de 700 a 2.500 € más IVA en función de la dificultad. Si tras dos sesiones no hay indicios claros, lo comentamos con la empresa antes de seguir facturando.
Sí, totalmente. Los detectives privados están regulados por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Operamos con número TIP oficial, lo que garantiza que todas las pruebas obtenidas sean lícitas y admisibles en cualquier procedimiento judicial.
Sí. Los informes elaborados por un detective privado habilitado tienen plena validez jurídica y son admitidos como prueba documental en procedimientos civiles, laborales y penales según la jurisprudencia española consolidada.
La confidencialidad es nuestra razón de existir. Operamos bajo contrato de secreto profesional, cumplimos la LOPD y el RGPD, y toda la documentación se custodia de forma segura durante el periodo legal obligatorio. Ni su identidad ni la del operativo serán reveladas bajo ninguna circunstancia.
El coste varía según el tipo de investigación, la duración y la zona geográfica. Ofrecemos presupuesto orientativo sin compromiso tras la primera consulta gratuita. Operamos en Barcelona y toda la provincia de Barcelona.
Sí. Aunque operamos de forma habitual en Barcelona y localidades cercanas, tenemos cobertura nacional con operativos y colaboradores en todas las provincias españolas.
No es necesario. Basta con una sospecha fundada o la necesidad de verificar una situación. En la consulta gratuita evaluaremos la viabilidad del caso y te propondremos la mejor estrategia de investigación.
Por motivos legales necesitamos la identidad del cliente para formalizar el contrato, pero esta información está protegida por el secreto profesional. Nadie, salvo un juez mediante orden judicial, puede acceder a los datos del contratante.