Investigación antifraude para aseguradoras

Combinamos investigación documental (cruce de versiones del parte, contradicciones con peritaciones técnicas, antecedentes del asegurado, historial siniestral) con vigilancia del implicado y, cuando procede, entrevistas a testigos colaterales identificados por OSINT. El objetivo es acreditar el dolo del asegurado conforme al art. 19 LCS y, si la cuantía lo justifica, soportar denuncia penal por estafa (arts. 248 y 250 CP). Entregamos informe ratificable que permite denegar la prestación o instar la nulidad.

Sí. La aseguradora tiene un interés legítimo expresamente reconocido en verificar la veracidad de la incapacidad o lesión declarada cuando existen indicios de exageración o fingimiento. La investigación se realiza por detective con TIP usando vigilancia en espacios públicos, sin entrar en domicilios ni intervenir comunicaciones. La doctrina judicial consolidada admite este tipo de informe como prueba en procedimiento civil de reclamación y en procesos sancionadores internos de la compañía.

Sí. Es un formato habitual con aseguradoras y mutuas que tienen flujo continuado de casos sospechosos. Estructuramos un paquete de horas mensual con tarifa preferente, asignación de detective referente, plazos de respuesta acordados (típicamente 48-72h desde la asignación del caso) y reporting consolidado al departamento. Permite optimizar coste por expediente y dar visibilidad de KPIs internos.

Sí. El informe del detective es prueba admisible tanto en el procedimiento interno de la compañía (denegación o reducción de la prestación, instar la nulidad por dolo del art. 10 LCS) como en sede judicial si el asegurado impugna la decisión. El detective titular comparece personalmente a ratificar el informe si el procedimiento lo requiere. Cuando los indicios apuntan a estafa con cuantía relevante (art. 250 CP), el informe también soporta la denuncia penal.

Las tarifas parten desde 70 €/hora + IVA*, con presupuesto cerrado por escrito antes de empezar. Una investigación estándar de simulación de siniestro está entre 900 y 1.800 €*. Un control de lesionado en plataforma (varias jornadas de vigilancia) entre 1.500 y 3.500 €*. Para volumen recurrente trabajamos con paquetes mensuales a tarifa preferente. La factura es plenamente deducible como gasto profesional. Ver tarifas completas →

* Precios meramente informativos. Cada caso se estudia de manera individual para dar un presupuesto personalizado antes de empezar.

Sí, mediante acción de repetición civil cuando el informe acredita el dolo del asegurado. Si el fraude se descubre antes del pago, la compañía deniega la prestación directamente. Si ya se ha pagado, el informe sustenta la reclamación de la cantidad indebidamente percibida más intereses y costas. En casos de cuantía relevante con dolo claro, la vía penal (art. 250 CP) permite también ejercer acción civil derivada.

Sí, en espacios públicos y dentro del marco de la Ley Orgánica 5/2014 de Seguridad Privada. El detective puede captar imagen y vídeo del investigado cuando realiza actividades en la vía pública, parques, comercios, instalaciones deportivas y cualquier otro espacio abierto al público. No puede entrar en domicilios privados, ni grabar a través de ventanas, ni intervenir comunicaciones, ni instalar dispositivos no autorizados. El test de proporcionalidad jurisprudencial valida la prueba cuando concurren indicios racionales de fraude e interés legítimo de la compañía.

Sí, es la metodología habitual. El detective documenta la realidad observable de la actividad del lesionado y el perito médico valora la compatibilidad con la patología declarada. La combinación de ambos informes — pericial médica + investigación de campo — refuerza enormemente la posición de la compañía tanto en negociación como en juicio. Coordinamos con el equipo pericial del cliente desde el inicio.