Detective privado para competencia desleal en Barcelona — captación de clientes por ex-empleados, fuga de información y confusión

La LCD recoge varios supuestos aplicables al ex-empleado: la captación sistemática de clientes de la antigua empresa mediante uso de información confidencial (art. 13 LCD, violación de secretos), la inducción a los clientes a romper los contratos con la antigua empresa (art. 14 LCD), los actos de confusión creando una apariencia de continuidad con la antigua empresa (art. 6 LCD), y los actos de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (art. 11 LCD). La valoración depende del contrato de trabajo (cláusula de no concurrencia postcontractual), de la naturaleza de la información que se llevó y de la sistematicidad de la captación. El informe de detective aporta la prueba de los hechos; el abogado mercantil fundamenta la calificación.

Fundamentalmente, prueba de hechos: documentación de visitas comerciales del ex-empleado a clientes de la antigua empresa, identificación de la nueva sociedad y de su equipo, análisis OSINT de la actividad del investigado tras la salida, verificación de la cartera realmente captada y del volumen de operaciones derivadas. Para supuestos de imitación o uso de secretos, mystery shopping en los puntos del nuevo competidor y verificación de similitudes con los productos o procesos protegidos. Todo con cadena documental y entrega al despacho que lleva el procedimiento ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona.

Sí, de hecho es una de las vías donde más valor aporta. Las medidas cautelares del artículo 721 y siguientes LEC exigen acreditar el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (peligro por la mora procesal). El informe de detective permite documentar en pocas semanas el patrón de captación activa, lo que fundamenta ambos requisitos sin necesidad de esperar a la sentencia de fondo. Esto es especialmente relevante cuando la pérdida de cartera es rápida y la empresa necesita frenar la fuga de clientes de inmediato.

Depende mucho del alcance. Para una verificación básica — identificación de la nueva sociedad del ex-empleado, análisis OSINT y documentación de 3-4 visitas a clientes antiguos — un dispositivo de 25-30 horas se mueve en el rango 2.000-2.400 € más IVA. Para encargos con varias líneas (ex-empleado + sociedad + clientes implicados + verificación de material supuestamente llevado) los presupuestos se mueven entre 3.500 y 6.000 € más IVA. Trabajamos por hitos y con presupuesto cerrado por escrito antes de empezar, para que la empresa pueda decidir el nivel de inversión en función del valor económico de la cartera en riesgo.

Sí, totalmente. Los detectives privados están regulados por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Operamos con número TIP oficial, lo que garantiza que todas las pruebas obtenidas sean lícitas y admisibles en cualquier procedimiento judicial.

Sí. Los informes elaborados por un detective privado habilitado tienen plena validez jurídica y son admitidos como prueba documental en procedimientos civiles, laborales y penales según la jurisprudencia española consolidada.

La confidencialidad es nuestra razón de existir. Operamos bajo contrato de secreto profesional, cumplimos la LOPD y el RGPD, y toda la documentación se custodia de forma segura durante el periodo legal obligatorio. Ni su identidad ni la del operativo serán reveladas bajo ninguna circunstancia.

El coste varía según el tipo de investigación, la duración y la zona geográfica. Ofrecemos presupuesto orientativo sin compromiso tras la primera consulta gratuita. Operamos en Barcelona y toda la provincia de Barcelona.

Sí. Aunque operamos de forma habitual en Barcelona y localidades cercanas, tenemos cobertura nacional con operativos y colaboradores en todas las provincias españolas.

No es necesario. Basta con una sospecha fundada o la necesidad de verificar una situación. En la consulta gratuita evaluaremos la viabilidad del caso y te propondremos la mejor estrategia de investigación.

Por motivos legales necesitamos la identidad del cliente para formalizar el contrato, pero esta información está protegida por el secreto profesional. Nadie, salvo un juez mediante orden judicial, puede acceder a los datos del contratante.